Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Hiru pide la anulación de la tercera norma sobre peajes a camiones

El sindicato Hiru ha pedido que se deje sin efecto el anteproyecto de Norma Foral para establecer por tercera vez el canon por uso de los vehículos pesados de transporte de mercancías en las carreteras A15 y N1 en Gipuzkoa y ha presentado una serie de alegaciones en su contra. El responsable de Hiru Juan Antonio Kalzada presentó a finales de agosto el escrito con las alegaciones.

En la primera alegación se señala que la propuesta es discriminatoria con los transportistas.  “El sistema propuesto que establece un canon para los vehículos pesados que circulen por una carretera es discriminatorio con el sector del transporte de mercancías. Las infraestructuras viarias son un bien público que se financian mediante impuestos y tributos que todos pagamos, porque todos somos usuarios de los mismos. Es a todas luces completamente injusto que el coste a soportar por las infraestructuras públicas recaiga en un único sector económico cuando otros muchos también son usuarios habituales del mismo. El transporte de mercancías por carretera es un servicio público, y un sector económico estratégico, central en el desarrollo de la actividad económica. Cargar costes añadidos a los trabajadores del mismo no hace ningún favor a su supervivencia”.

En la segunda alegación, Hiru señala que las carreteras N1 y A15 no tienen vías alternativas gratuitas, lo que obliga al transportista a un gasto inevitable. “La implantación de peajes en todo el tramo del territorio de Gipuzkoa de las carreteras N1 y A15 a los vehículos de transporte supone un gasto inevitable para los transportistas que utilizan estas vías, ya que no tienen otra carretera alternativa para poder utilizar. Forzosamente, tienen que tomar estas carreteras y, por lo tanto, pagar el canon establecido por utilizarlas, cuando es bien conocida la dificultad de los transportistas para repercutir ese gasto en la factura, es decir, para pasar ese gasto a los clientes empresarios, que en general no se quieren hacer cargo del mismo y no aceptan incrementos del precio de los portes. En definitiva, el gasto mensual de peaje se está comiendo el beneficio del transportista. 

La desorbitada inversión que supone la implantación es también objeto de alegación: “El sistema propuesto por la Diputación supone una inversión económica desorbitada e innecesaria que van a pagar todos los contribuyentes del territorio. Un sistema de cobro por paso basado en la instalación de, por lo menos, 32 aparatos de control, uno en cada entrada o salida de las carreteras N1 y A15, supone un completo disparate. No todas las entradas y salidas son utilizadas por los transportistas, y muchas de ellas sólo se usan ocasionalmente. Los Tribunales han considerado reiteradamente discriminatorios los peajes al transporte en la N1 y A15 ; han anulado las sucesivas normas forales que sirvieron para en 2018 implantar el sistema y regularlo durante este periodo. Por lo tanto su funcionamiento “anormal” ha sido cuestionado y la inversión “inútil”, la pagarán todos los contribuyentes guipuzcoanos. Ahora se plantea de nuevo un sobreesfuerzo económico para las arcas públicas y una inversión notablemente superior al anterior, para la instalación de 32 aparatos de control, y para la dotación de una amplia estructura de material informático y personal para gestionar el sistema de peaje, a nuestro juicio, discriminatorio y de futuro incierto”.

Por último el sindicato señala que “no se justifica el importe establecido a pagar por kilometro. Los precios son desorbitados para el servicio ofrecido y el incremento con respecto al establecido en las anteriores dos normas forales es de difícil justificación. Los precios propuestos están completamente inflados, ya que suponen pagar prácticamente el doble a lo que se abonaba durante el periodo anterior por los mismos tramos de paso. Si el destino de estos ingresos es sufragar los costes de mantenimiento de las mismas carreteras, N1 y A15, esos gastos serán similares tanto ahora como en el periodo anterior desde 2018, y es poco creíble que se hayan duplicado durante estos tres años, en que los tribunales han tumbado las anteriores normas de aplicación.  Por todo ello, se demuestra evidentemente que el carácter de esas normas es recaudatorio, además de penalizador y discriminatorio con los transportistas, y que contradice la finalidad contemplada en la misma norma”.