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Hiru reitera su rechazo al peaje que la Diputación vuelve a cobrar a los camiones en la N1 y A15

La Diputación de Gipuzkoa cobra de nuevo peaje a los camiones en la N1 y la A15 a partir del lunes, 23 de enero. Los transportistas que trabajan llevando los materiales y productos que requieren sociedad e industria, y que transiten por cualquier tramo de las citadas vías abonarán 0,28 céntimos por kilómetro.

La gestión de la Diputación Foral de Gipuzkoa de los peajes impuestos a los transportistas ha sido un despropósito desde el principio: se han sucedido acuerdos y conductas erróneas para mantener el peaje y seguir cobrando a los camiones que transitaran por las citadas carreteras pasando por encima de las sentencias de los tribunales que anularon las normas forales para implantar y gestionar el canon. En punto de partida en enero de 2018 ya fue un disparate y desacierto, ya que, la norma foral para implantar el cobro del peaje a los camiones fue anulada y suspendida en pocos meses por los tribunales. Un ejemplo de mala gestión de los recursos públicos; nada más poner en marcha el canon con una inversión multimillonaria en material y personal necesario, fue anulada. Sin embargo, la Diputación Foral siguió cobrando el peaje durante tres años con una serie de maniobras judiciales que han dejado en evidencia su afán recaudatorio. 

Una maniobra tras otra, para encarar el despropósito inicial e intentar eludir la ruina. Aprobaron una segunda norma foral que sustituyera a la anulada por los tribunales y permitiera seguir cobrando los peajes a los transportistas. La segunda norma también fue anulada por el TSJPV y por el Tribunal Supremo, pero transcurrieron tres años hasta la última sentencia, y la Diputación siguió cobrando incluso después de la decisión final que suspendía definitivamente los peajes, durante casi seis meses más, con el pretexto de que no se publicaba en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. 

El afán recaudatorio se divisa en esas dificultades, obstáculos y trabas planteadas por la Diputación con el objetivo de evitar o retrasar la devolución a los transportistas de las cantidades cobradas de manera injusta e irregular, a pesar de las sentencias judiciales.  Cobraron a los transportistas que pasaron por los arcos automáticamente y la Diputación tiene todos los datos para devolverlo de la misma manera. Pero desde el principio se negó a devolver, y ha obligado a los transportistas que quieran recuperar el dinero a acudir a los tribunales. 

La Diputación ha rechazado las reclamaciones administrativas de más de mil transportistas que tuvieron que listar todos los pasos y hacer la suma a pesar de que la administración tenía toda la información. Muchos afectados rehusaron señalando que no disponían del tiempo y las ganas necesarias. Así, de los casi 40 millones que recaudó la Diputación entre enero de 2018 y octubre de 2021, sólo se han reclamado 12. Todas las solicitudes de devolución han sido desestimadas y los que quieran recuperar el dinero no tienen más remedio que recurrir a la vía judicial que requiere, la contratación de abogados, procuradores y conlleva el riesgo de tener que pagar las costas del juicio. Muchos han desistido y se han echado para atrás. La Diputación ha conseguido su objetivo de obstaculizar la devolución para quedarse con el dinero. 

La judicialización no beneficia a nadie. Los ciudadanos pagaremos la mala gestión y el despropósito iniciado en 2018. Desde que proyectaron el peaje a los camiones han dilapidado mucho dinero, en la inversión material y personal para implantar el peaje que diseñaron muy mal porque fue declarado discriminatorio y anulado por los tribunales, en gastos de los procesos judiciales abiertos, en indemnizaciones, multas y recargos, entre otros costes, y han vuelto a gastar más de 25 millones de euros en instalar los dispositivos en todas las entradas y salidas de las vías N1 y A15 para poder cobrar peaje de nuevo a los transportistas, que ellos mismos consideran esenciales, porque transportan los materiales y productos que necesitas sociedad e industria, pero los utilizan para recaudar. 

La diputada Aintzane Oiarbide apela a menudo al que pague quien usa y contamina. Mira a los transportistas, pero los usuarios y, por tanto, los que contaminan son la sociedad y las industrias, para los que trabaja el transportista. La Diputación sigue empeñada en mantener el disparate y vuelve a castigar con el peaje a los transportistas. El definitiva, el transportista deberá repercutir este nuevo gasto a sus clientes, y el consumidor será quien pague en ultima instancia. Pero, de momento, las dificultades son para el transportista que de momento asume ese gasto. Los que no sean capaces de pasarle al cliente, no podrán ni arrancar. La Diputación en lugar de apoyar sigue apretando al sector.

Los usuarios de estas carreteras deberían saber que una instalados todos los dispositivos que leen las matrículas en todas las entradas y salidas de la N1 y A15, si el sistema no funciona con los transportistas y la Diputación no recauda lo previsto no sólo para pagar el mantenimiento de las vías, sino para financiar la inversión realizada y lo que ha dilapidado en los últimos años por su mala gestión, lo implantarán para todo tipo de vehículos.