El sindicato de transportistas vascos Hiru se muestra contrariado ante la ausencia de ayudas directas al transporte por parte de las administraciones públicas para hacer frente al evidente impacto que tiene el conflicto de Oriente en el día a día del transportista que ya desde hace 15 días está pagando el elevado sobrecoste que supone el incremento de los precios del combustible que en el caso del transporte pesado puede oscilar entre 1.500 y los 2.500 euros mensuales en determinados casos. Las ayudas anunciadas por el Gobierno central no parece que vayan al nivel de las concedidas en 2022 por el mismo motivo cuando estalló la guerra de Ucrania. Por su parte, el Gobierno vasco ha activado un presupuesto de más de mil millones de euros que en principio no se dirigen al transporte, más bien se centrarán en las empresas y la transición energética. Los transportistas autónomos opinan que una buena ayuda directa para ellos sería la suspensión del peaje que pagan los camiones en Gipuzkoa y Bizkaia. Llegaría directamente s sus bolsillos y aliviaría la situación crítica que soportan.
Las ayudas anunciadas por las administraciones ya llegan tarde. El transportista lleva ya más de 15 días soportando el incremento del precio de los carburantes desde el pasado sábado 28 de febrero cuando Israel, con la ayuda de Estados Unidos, inició un ataque sobre Irán. Los responsables de Hiru calculan que la factura de los costes del transportista se ha incrementado un 50%. Es más representativa la subida que puede suponer para un transportista con un vehículo pesado cuyo sobrecoste puede alcanzar en muchos casos un incremento de 1.500 euros mensuales.
Es evidente el impacto sobre el sector del transporte y la necesidad de medidas administrativas que palien los efectos dramáticos que genera a la actividad. Sin embargo, de momento, las expectativas no son nada halagüeñas. Aunque el PNV el 11 de marzo exigiera al Gobierno español que hilara “fino” y aprobara medidas paliativas urgentes para responder al impacto de la invasión de Irán, aún no ha reaccionado Madrid. En concreto Aitor Esteban reclamó ayudas directas, ajustes fiscales, recuperar la excepción ibérica en el gas y bonificar el carburante ante el impacto económico.
Los transportistas autónomos de Hiru señalan a los dirigentes del PNV que la mejor solución y ayuda al transportista está en sus manos: sería tan sencilla y eficaz como la suspensión del peaje que pagan los camiones en Gipuzkoa y Bizkaia, y tienen previsto poner en Araba y Nafarroa. Ese dinero que se ahorrarían los transportistas sería la verdadera ayuda directa que responde al sobrecoste. Llegaría directamente s sus bolsillos y aliviaría la situación crítica que soportan.
El Gobierno vasco, por su parte, tampoco parece que está por la labor de hacer caso al líder del PNV y ayudar al sector estratégico del transporte, ya que las medidas anunciadas el 17 de marzo, justo el día que los sindicatos vascos les estaban pidiendo mejoras salariales para repartir mejor la riqueza, no repercutirán directamente en el transporte. Más bien están dirigidas a ayudar a las empresas y la transición energética.
La portavoz del Gobierno de Imanol Pradales, María Ubarretxena, anunció un “escudo industrial” de 1.047 millones de euros “para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Medio” pero ignora y ningunea a los principales afectados por la coyuntura y la incertidumbre del momento, los transportistas.
Los cuatro ejes del paquete multimillonarios anunciado por el Gobierno vasco con el objetivo de minimizar el impacto del conflicto en Oriente Medio en la economía vasca son la protección del empleo, apoyo financiero a PYMEs, diversificación de PYMEs y autonomía energética, dejando de lado al principal perjudicado, el transportista autónomo.
El anuncio realizado por la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, junto a los los consejeros de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres; de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou; y de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno no ha gustado a los transportistas autónomos.
Del presupuesto de más de mil millones de euros no llegará nada al sector del transporte, ni para paliar el sobrecoste coyuntural derivado del incremento de los precios del gasoil, ni para responder a las necesidades estructurales de un sector “estratégico” abandonado por la administración durante décadas y que soporta precariedad, muchas dificultades y obstáculos, unas consecuencias trágicas, en cuanto a alta siniestralidad mortal, ausencia de relevo generacional, y un envejecimiento de los transportistas así como de las flotas que utilizan.
Ninguna administración tiene en cuanta está situación y no hay ayudas para activar el relevo y evitar el envejecimiento. Tampoco se responde a la siniestralidad con ayudas para la jubilación anticipada, que sigue estancada. La situación fiscal de Nafarroa será seguramente la peor de todas ya que tampoco aplica en la declaración de renta el descuento en los gastos corrientes que disfrutan los transportistas de la CAV.
El Gobierno vasco parece que se centra en las ayudas a sus “amigos” empresarios en lugar de apoyar al sector “esencial” del transporte. Y el Gobierno central anuncia rebajas con respecto a las medidas adoptadas en 2022 en las ayudas coyunturales que respondan a la incertidumbre del momento y al incremento del precio del gasoil que al parecer dará a conocer el viernes. Según han adelantado, no va a haber bonificación directa de 20 céntimos de descuento por litro de combustible consumido como hace cuatro años cuando estalló el conflicto de Ucrania.
La iniciativa y medidas anunciadas por María Ubarrenetxa que recientemente fue diputada de transporte en Gipuzkoa se centra en subvenciones a empresarios que en principio excluye a los transportistas. Para los autónomos tan sólo anuncian un programa de préstamos.
