El sindicato Hiru reclama avances en la iniciativa tan necesaria para el sector de adelantar la jubilación de los transportistas y denuncia las falsas expectativas que constantemente cada cierto tiempo están lanzando tanto desde los sindicatos CCOO y UGT, desde la patronal del transporte así como desde el Gobierno. Cree que es un tema trascendental que se debe abordar con urgencia, seriedad y responsabilidad. En 2025 han fallecido 22 transportistas que circulaban por las carreteras vascas, es evidente la peligrosidad de la actividad del transporte, está muy claro que a partir de cierta edad la persona pierde reflejos y tiene mucho más riesgo de perder la atención o de sufrir afecciones cardíacas que deriven en un grave accidente con consecuencias fatales para el propio transportistas así como para el resto de conductores que circulan por las carreteras.
De momento, a pesar de las expectativas e ilusión de miles de veteranos transportistas que se acercan a la jubilación y que confían en las informaciones sobre la posibilidad de adelantar la jubilación, se constata que de momento no hay nada nuevo ni ningún indicio de que se haya avanzado en el plan, ni reconocimiento de la peligrosidad de la actividad ni coeficientes reductores ni jubilación anticipada; tanto el Gobierno como los sindicatos CCOO y UGT siguen mareando la perdiz. Eso sí no pierden oportunidad de colgarse medallas con informaciones sobre la jubilación que no hacen más que engañar al interesado.
La iniciativa para adelantar la jubilación del transportista sigue atascada, pero cada cierto tiempo salen noticias que engañan al sector. Aún no se ha reconocido la penosidad y peligrosidad del transporte, un paso relativamente sencillo que el Gobierno está retrasando, apurando los plazos que el propio ejecutivo había anunciado y prometido. Y se trata de un trámite imprescindible para después fijar un coeficiente para calcular el tiempo que puede adelantar cada uno el plazo, según los años trabajados en la actividad.
Ya en octubre de 2024, cuando CCOO y UGT convocaron y poco después anularon una huelga de siete días que amenazaban podría convertirse en indefinida, parecía que ya estaba hecho, pero no era más que un amago. Los sindicatos se querían apuntar el tanto, salieron a la palestra, pero enseguida la desconvocaron tras reunirse con los empresarios del transporte y acordar una reivindicación conjunta que el Gobierno tarda en atender. Es paradigmático que tardaran casi un año en realizar la petición formal.
Ahora ambos sindicatos vuelven a la carga y abren un formulario para que se apunten los que podrían acogerse a la jubilación anticipada, e invitan a los transportistas a aportar su NIF para “solicitar coeficientes reductores y avanzar hacia la jubilación anticipada”. Y la gente cree que la jubilación de los transportistas es inminente pero no lo es. Más parece una recogida de firmas para solicitar la agilización del proceso que una relación de posibles aspirantes o solicitantes del coeficiente reductor.
Incluso amenazan con la anulación de su solicitud si no cumplen con el trámite. Dan un plazo de 20 días la UGT y diez CCOO para que aporten sus “solicitudes para continuar con la tramitación Administrativa” “para la aplicación de coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación”. Ambos sindicatos advierten incluso de que “en caso de no facilitarse esta información en plazo, la solicitud podrá ser desestimada. Si los datos aportados resultaran insuficientes, se concederá un plazo adicional de 10 días para su subsanación”. A juicio de los mencionados sindicatos “este requerimiento es clave para mantener vivo el procedimiento que persigue el reconocimiento del carácter penoso y/o peligroso del trabajo de conducción profesional y, con ello, abrir la puerta al acceso a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores”.
Es evidente que por ahora no hay avance alguno sobre el reconocimiento del transporte como actividad penosa y peligrosa. Pronto se cumplirá año y medio desde la desconvocatoria de la huelga. Al año, después de meses de diferencias sobre plazos entre ambos sindicatos, en octubre de 2025, realizaron la petición formal para ese reconocimiento y aun no se sabe si lo reconocerán o no. La Administración dispone de un periodo máximo de seis meses para emitir una resolución al respecto, un plazo que, según los sindicatos, se está agotando sin que haya señales claras de avance.
