ELA, LAB, Steilas, ESK, CGT, Hiru y EHNE protestarán el viernes 25 de junio frente al anteproyecto de ley de memoria democrática reclamando verdad, justicia y reparación en la delegación de Gobierno en Iruñea a las 11.30 de la mañana. Los citados sindicatos navarros denunciarán al mismo tiempo la represión laboral sindical franquista. En su opinión, la represión desatada tras el golpe de estado de julio de 1936 contra la clase trabajadora alcanzó un alto grado grado en Navarra. “El panorama que se dibuja en la inmediata posguerra resulta desolador: sindicatos, asociaciones y partidos fueron ilegalizados y perseguidos, suponiendo esto la práctica aniquilación de la cultura sindical y de las formas de participación, asociación y ocio de las clases populares y trabajadoras, sometidas a un régimen de explotación salvaje, gracias al que las nuevas y viejas élites extractivistas del franquismo pudieron enriquecerse cómodamente”.
Según datos de los convocantes, en el caso de Navarra, se cuentan 21.448 trabajadores forzados, la mitad de los cuales participaron en la construcción de fortificaciones de frontera y carreteras de montaña de montaña en Baztan-Bidasoa o Erronkari, y que a su vez representaban el 50% de empleados en la construcción. La construcción de infraestructuras ferroviarias absorbió también una gran cantidad de mano de obra forzada, en las líneas Altsasu-Gasteiz, Castejón-Zuera o el Irati en Iruñea. El Estado franquista y sus diferentes instituciones fueron la principales beneficiarias en cuanto a la extracción de plusvalías derivadas del trabajo esclavo, ya fuera el propio Ejército o RENFE tras la nacionalización del sector.
En el sector privado destaca la constructora Navarra Huarte y CIA, integrada hoy en la constructora del IBEX35 OHL, encargada de la construcción del Valle de los Caídos utilizando mano de obra esclava, de la cual se valió para obtener inmensos beneficios con los que poder ampliar negocios e influencia.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, ELA, LAB, Steilas, ESK, CGT, Hiru y EHNE exigen VERDAD, JUSTICIA y REPARACIÓN, también para la realidad del trabajo esclavo ante la futura Ley de Memoria Democrática, “esta demanda se basa, en primer lugar, en la exigencia de asunción responsabilidades al Estado español y su actual Gobierno por establecer el engranaje legal e institucional necesario que posibilitó la utilización directa de mano de obra esclava en la construcción de diferentes infraestructuras en Nafarroa. En segundo término a las empresas, que lejos de la imagen de benefactores con la que se proyectan, se enriquecieron a costa del trabajo esclavo y hoy continúan estirando sus beneficios a través de la precariedad y la salud de la clase trabajadora. En consecuencia: reclamamos la VERDAD; que el gobierno español aporte toda la documentación relativa a centros de trabajo, obras realizadas y personal que realizó trabajos forzados. Reclamamos JUSTICIA para el conjunto de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, imprescriptibles e inanmistiables, incluidas la muertes por hambre, ajusticiamiento, extenuación o accidentes. Y reclamamos REPARACIÓN. La reparación del daño causado a las víctimas del trabajo esclavo y sus familiares implica el reconocimiento público por parte del Estado del crimen cometido, acompañada de una política de memoria sobre el espacio público que lleve a identificar como lugares de memoria los espacios en los que se desarrolló el trabajo esclavo, así como una difusión de los mismos entre la ciudadanía. La reparación implicaría también la compensación, por parte del Estado y las empresas beneficiarias, a las víctimas directas del trabajo esclavo y sus familiares, tal y como se realizó en Alemania.
Los sindicatos creen que la nueva ley de memoria debe basarse en estos tres pilares, que “son aquellos que han venido defendiendo las asociaciones memorialistas, y que hoy también hacemos nuestros. No vamos a aceptar tampoco las posturas revisionistas sobre el franquismo ni sobre sus élites, que pretenden limpiar de carga criminal al régimen franquista, sus políticas económicas fallidas, ni la represión y eliminación física sistemática de los y las no adeptas practicada a partir del Golpe de Estado de julio de 1936.
