El Tribunal Supremo ha dado la razón a los transportistas y suprime el peaje para camiones puesto en marcha por la Diputación de Gipuzkoa hace tres años en la N-1 y A15.
El sindicato de transportistas autónomos Hiru denuncia el comportamiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que sigue cobrando el peaje a los camiones en las citadas carreteras a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que los considera ilegales, pide la suspensión cautelar de este sistema y la devolución de oficio de las cantidades cobradas irregularmente a los transportistas.
Hiru denuncia la actitud de las autoridades forales que conociendo las resoluciones judiciales hacen caso omiso a las mismas e insisten en mantener el sistema de recaudación con una excusa que tiene poco recorrido. El Tribunal Supremo ha revocado definitivamente la primera orden foral de implantación de los peajes de enero de 2018, que ya fue anulada en abril de 2018 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
En noviembre de 2018 las autoridades forales acordaron una nueva orden por la que se rige actualmente el sistema de cobro de peajes y que está también anulada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y recurrida al Supremo. La Diputación ha manifestado que seguirá cobrando la tasa a los camiones hasta que salga la sentencia sobre la segunda orden que se supone será igual a la anterior.
Hiru no entiende la insistencia del Departamento de Movilidad y Transporte de la Diputación Foral, por mantener un sistema anulado una y otra vez por los tribunales, proceder que generará intereses, recargos, sanciones y costes absurdos que se tendrán que sufragar con el dinero de todos. La Administración actúa de un modo claramente irresponsable, y rozando la mala fe en su comportamiento.
Por ello, Hiru pide la suspensión cautelar del cobro de peaje a camiones y que la devolución de los cobros realizados irregularmente se haga de oficio, sin que los transportistas tengan que hacer las correspondientes reclamaciones. El sistema de telepeaje es automático, tienen todos los datos, a todos los usuarios identificados, y no hay razón para oponerse o rehusar las devoluciones, por lo menos, de los peajes cobrados durante el periodo que estuvo en vigor la primera norma anulada el 3 de marzo de 2021 por la sentencia del Supremo.
