Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron el jueves por la mañana con los votos a favor de PNV-PSE y el rechazo de PP, Elkarrekin Gipuzkoa y EH Bildu, la tercera norma foral que regulará la implantación de peajes para camiones en la N-1 y la A-15, que extenderá el cobro a la totalidad de estas dos vías. La oposición en bloque ha votado en contra de la nueva norma al entender que suponen un gran «perjuicio económico» para el transporte por carretera. El PP lo ha calificado como hiper-recaudador e injusto, Podemos ha criticado “la escusa demagógica de que si no, faltará dinero para políticas sociales”, y EH Bildu ha señalado que «perjudica claramente al sector del transporte, no incluye medidas para reducir las emisiones” y que al ponerse en marcha lo hará «con un saldo de menos 73 millones de euros», refiriéndose a los gastos para instalar los nuevos arcos, los anteriores y demás.
Hiru ha manifestado reiteradamente su rechazo a que los transportistas asuman, en exclusiva, el pago del mantenimiento de las carreteras. En su opinión, PNV y PSE obvian cuestiones fundamentales inherentes al sector como que el transporte de mercancías por carretera es un servicio público, “esencial”, dicen, y las infraestructuras viarias, un bien público que se financia mediante impuestos y tributos que todos pagamos, porque todos somos usuarios de los mismos. Asimismo, en el transporte de mercancías el usuario es la mercancía, es la que demanda el servicio. El transportista cumple ese cometido en la carretera, no por gusto, sino respondiendo a las demandas de la sociedad y las empresas.
Hiru no entiende la actitud de la Diputación, que al margen de que sigue tramitando la norma que le permita cobrar peaje a los camiones a partir de 2022 o 2023, está dificultando la devolución de lo cobrado irregularmente desde 2018 a los transportistas mediante las anteriores normas que fueron anuladas por los tribunales. Ya advirtieron que sólo atenderán las demandas que vengan del juzgado. Los transportistas de Hiru considerán esa actitud irresponsable, ya que Bidegi cobró los peajes durante casi cuatro años de manera automática, tiene todos los datos y debería devolver las cantidades cobradas automáticamente sin que cada transportista tenga que presentar su solicitud en el juzgado correspondiente.
