La Diputación de Bizkaia tratará de implantar a partir del otoño del 2022 un peaje al paso de los camiones por varias carreteras con el objetivo, excusa en opinión del sindicato, de «redistribuir el tráfico de camiones en el territorio, dirigiéndolos hacia autopistas y autovías». Y es una excusa, ya que si de verdad quieren “reducir las consecuencias negativas de los desequilibrios que se producen actualmente en vías como la N-240, BI-625 y el Corredor de Txorierri, así como a reducir las emisiones de CO2 y mejorar la seguridad en la red viaria», pueden eliminar el peaje a los camiones en las autopistas. Sin embargo, de nuevo queda en evidencia el afán recaudatorio de la Administración apremiado por las grandes y desproporcionadas inversiones realizadas en los últimos años en infraestructuras.
En tema de los peajes a los camiones está sumergida en el caos en Gipuzkoa, donde es más evidente aún la determinación de seguir y seguir recaudando a costa de los transportistas. Los tribunales han anulado las normas forales que regulaban el cobro, pero los responsables de Bidegi y de la Diputación Foral no lo han suspendido, siguen cobrando la tasa a los transportistas gracias a una serie de maniobras.
Hoy hemos conocido que rehúsan a poner en vigor un decreto que les permitiera cobrar el canon mientras se acuerda la tercera norma pero siguen sin suspender el sistema hasta que se publique no sabemos cual sentencia en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. Ha pasado casi un mes desde que el Tribunal Supremo rechazara los recursos. Entendemos que deberían suspender el sistema y devolver automáticamente todo lo recaudado desde enero de 2018.
El sindicato Hiru reitera la injusticia y discriminación que supone cobras tasas sólo a los transportistas por el uso de las carreteras, excluyendo del pago al resto. Tanto a cargadores, agencias de transporte, distribuidores finales de las mercancías así como al resto de usuarios. En opinión de Hiru, el usuario de la carretera es la propia mercancía y poner peajes sólo a los transportistas supone cargar el repago de las vías a la parte más débil de la cadena. El transportista, hace un servicio “esencial” y público, trasladando los productos y materiales que demandan las empresas y la sociedad en general, está trabajando en la carretera que es un bien público y por tanto se debería financiar con los impuestos que pagamos todos.
