El sindicato de Transportistas Autonomos Hiru ha convocado una asamblea abierta a todos los interesados sobre la problemática del peaje a los camiones implantado en Gipuzkoa y Bizkaia desde el 23 y 25 de enero respectivamente. Se llevará a cabo el 18 de marzo a las 10 de la mañana en la Uni de Eibar y Ermua, ubicada en el límite entre las dos provincias, y ambas localidades.
La mayoría de los transportistas tienen muchas dificultades para repercutir ere gasto a sus clientes. Las diputaciones se limitan a cobrar el peaje pero no han hecho nada para facilitar ese trabajo al transportista; deberían haber activado algún mecanismo para que obligatoriamente los clientes asuman el nuevo gasto que acecha y hostiga a muchos transportistas.
Las Diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia ya están cobrando peaje desde finales de enero, pero de momento tampoco han emitido factura alguna a los transportistas. Así, éstos no han recibido el “susto” que se repetirá todos los meses. El transportista requiere de la factura para poder reclamar el dinero a sus clientes, la mayoría de los cuales no están por hacerse cargo de ese gasto, tan sólo unos poco se han comprometido a pagar. El Gobierno debería obligarles.
Todavía colean, por su parte, temas del anterior peaje implantado en Gipuzkoa en enero de 2018 que fue anulado por los tribunales. Sin embargo, la Diputación Foral de este territorio no sólo no devolvió de oficio las cantidades cobradas automáticamente, sino que ha puesto todo tipo de trabas y obstáculos para evitar que los transportistas afectados recuperen el dinero cobrado irregularmente entre enero de 2018 y octubre de 2021. No atendió las reclamaciones presentadas en Bidegi por más de mil transportistas obligando así a que tengan que recurrir a los tribunales. 250 han presentado una reclamación en el Juzgado, tres cuartas partes de los transportistas que demandaron a Bidegi, se han echado atrás.
Un juzgado de Donostia dictaminó recientemente en una sentencia publicada en enero que la Diputación debe devolver 13.000 euros en total a tres transportistas que reclamaron el dinero cobrado indebidamente desde enero de 2018 a octubre de 2021. Es un buen precedente.
