El sindicato de transportistas autónomos Hiru denuncia el comportamiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que sigue cobrando el peaje a los camiones en las carreteras N1 y A15 a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco TSJPV que los han anulado, pide por tanto la suspensión de este sistema y la devolución de oficio de las cantidades cobradas irregularmente a los transportistas.
Por una parte, Hiru critica la actitud de las autoridades forales que conociendo las resoluciones judiciales hacen caso omiso a las mismas e insisten en mantener el sistema de recaudación aprobando una nueva norma similar cada vez que los tribunales anulan la anterior. El TSJPV ha anulado sucesivamente la primera orden foral de implantación de los peajes de enero de 2018, y la segunda orden de noviembre de ese año. El Tribunal Supremo ratificó la primera anulación del TSJPV en marzo; ahora ha zanjado el asunto y ni ha admitido los recursos de casación de la Diputación Foral y Juntas Generales contra la segunda sentencia del TSJPV.
Sin embargo, la Diputación ha manifestado que seguirá cobrando la tasa a los camiones. Hiru no entiende la insistencia del Departamento de Movilidad y Transporte de la Diputación Foral, por mantener un sistema anulado una y otra vez por los tribunales, proceder que generará intereses, recargos, sanciones y costes absurdos que se tendrán que sufragar con el dinero de todos. La Administración actúa de un modo claramente irresponsable, y rozando la mala fe en su comportamiento.
Por ello, Hiru pide la suspensión del cobro de peaje a camiones y que la devolución de los cobros realizados irregularmente se haga de oficio, sin que los transportistas tengan que hacer las correspondientes reclamaciones. El sistema de telepeaje es automático, tienen todos los datos, a todos los usuarios identificados, y no hay razón para oponerse o rehusar las devoluciones.
Hiru entiende que las infraestructuras viarias son un bien público que se financian mediante impuestos y tributos que todos pagamos, porque todos somos usuarios de los mismos. El transporte de mercancías por carretera es un servicio público. La Administración concede la autorización para ejercer la actividad a través de las tarjetas de transportes y públicamente el transporte se considera esencial, necesaria e imprescindible.
Imponer peajes discriminatorios sólo a los transportistas en razón al argumento de quién usa paga, no es otra cosa que cargar el repago de las carreteras en la parte más débil de la cadena. En el transporte de mercancías el usuario es la mercancía, que es la que demanda el servicio, por la necesidad de llegar a su público final. El transportista efectivo está en la carretera cumpliendo ese cometido, no por gusto sino por la necesidad de realizar el servicio que la sociedad demanda.
