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La Diputación de Gipuzkoa debe suspender ya el peaje a los camiones | hiru euskal garraiolarien sindikatua

La Diputación de Gipuzkoa debe suspender ya el peaje a los camiones

El sindicato de transportistas autónomos Hiru insta a los responsables de la Diputación Foral de Gipuzkoa a que suspendan ya el peaje a los camiones en la N1 y A15 que se está cobrando desde hace varios meses sin que esté en vigor ninguna norma foral que lo regule. Las Juntas Generales de Gipuzkoa ya recibieron en septiembre la providencia del Tribunal Supremo de Madrid que inadmitió el enésimo recurso de la Diputación Foral que ya no tiene excusas para dejar de cobrar el peaje a los camiones. Hiru pide también que devuelvan lo cobrado irregularmente a los transportistas desde que se implantó el sistema en enero de 2018 y que la devolución sea automática. La Diputación lo sigue cobrando automáticamente, tiene todos los datos y debería devolverlo de oficio. 

Hiru tampoco entiende que la diputada de infraestructuras viarias Aintzane Oiarbide responsabilice a los transportistas de los gastos que supone la ampliación del peaje a todos los tramos de la N1 y A15 en el territorio. La Diputación decidió implantar el sistema de peaje a los camiones; la Diputación aprobó las normas forales que lo regulan y han sido anuladas por los Tribunales. Ahora no pueden responsabilizar a un tercero de los errores cometidos en la tramitación. Si han decidido poner el peaje a los camiones, que no hagan bien, sin que sea discriminatorio como lo han calificado los tribunales. Han cometido errores, les han anulado sus normas y ahora pretenden culpar a los transportistas de su despropósito. 

Hiru critica, asimismo, el elevado coste que está provocando, el incumplimiento reiterado, actitud irresponsable y mala gestión de los responsables de Bidegi y de la Diputación, que, en definitiva, recae en la ciudadanía de Gipuzkoa que pagará las consecuencias del desaguisado que comenzó en enero del 2018: inversiones realizadas en los arcos inhabilitados, los gastos del personal contratado, los costes de todos los procesos judiciales, las devoluciones de los cobros irregulares, posibles sanciones o recargos, etc.

Además de ignorar las sentencias judiciales, están jugando con el dinero público y castigando a los transportistas que realizan un servicio publico “esencial” trasladando los productos que demanda la sociedad y los materiales que necesitan las empresas.