Los sindicatos LAB, ESK, STEILAS, EHNE, Etxalde e HIRU han presentado en Bilbao el informe de siniestralidad laboral de 2023. La recopilación de datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del año pasado confirma la tendencia de los últimos años. La cifra de trabajadores fallecidos en el trabajo es muy elevada: en los últimos 10 años, al menos 587 trabajadores han muerto por accidente laboral y en 2023, 59, diez de ellos transportistas. Entre las principales conclusiones del informe destacan la falta de medidas efectivas para evitar los accidentes y la existencia de sectores concretos con mayor número de siniestros graves o mortales, en las cuales está el transporte junto a los trabajadores forestales, de la construcción y de la industria.
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La situación de los transportistas tiene una presencia destacada tanto en el informe como en la rueda de prensa ofrecida por los sindicatos. Las condiciones que sufren los trabajadores del sector se van endureciendo año tras año. Los mercados internacionales, sin ninguna medida de protección nacional, empeoran las condiciones laborales en este sector y profesión globalizada.
El año pasado diez transportistas fallecieron en accidente laboral, de los cuales tres han sido denominados accidentes “no traumáticos”, han fallecido cuando se encontraban en la cabina, con el camión parado. “Las largas jornadas de trabajo, el alto nivel de estrés, el trabajo sedentario, el estricto control a través de la digitalización y la presión provocan graves consecuencias en el sector, el transporte reúne todas las condiciones para sufrir accidentes traumáticos y/o no traumáticos”.
Destaca la edad de los transportistas que han perdido la vida. Casi todos tenían más de 50 años. El sector envejece, no hay relevo por las malas condiciones laborales. Existe la necesidad de regular la edad de jubilación en el sector desde el punto de vista de la seguridad, como suele hacerse en otros oficios, situándola en 60 años.
Cuando ocurren las muertes la administración no puede reducir las estadísticas oficiales de accidentes de trabajo considerándolas como muertes naturales o siniestros de tráfico por carretera. Son claramente accidentes laborales. Se producen cuando el transportista estaba trabajando.
El informe también recoge datos oficiales de los accidentes que muchas veces se alteran o desvirtúan. La administración da como válidos los datos ofrecidos por las empresas y mutuas. Aquí la estratagema está servida. Por un lado, porque no se notifican muchos accidentes leves por parte de las propias empresas y por otro, porque muchos accidentes graves son catalogados como leves por las y los médicos de las mutuas sin ningún control por parte de las administraciones. Incluso así, los datos oficiales reconocen 100.000 accidentes laborales, confirmando la tendencia de los últimos años.
Los gobiernos ocultan también los datos de las muertes. Los casos más frecuentes son los de las y los transportistas, o los accidentes in itinere o in misión que no se consideran muertes laborales. Según los datos de los sindicatos, en 2023 se produjeron 59 muertes laborales y, según los datos oficiales, 33. El primer mes de 2024 es también una muestra de las dramáticas cifras con 13 muertos, tres de ellos transportistas.
En lo que respecta a las enfermedades profesionales, las y los médicos de las mutuas son quienes deciden en primera instancia si el origen de la dolencia que sufre la o el trabajador es laboral o común. El fraude de las mutuas provoca por tanto, un vergonzoso subregistro de enfermedades profesionales. Tanto es así que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud reconocen que el mundo laboral provoca más muertes por enfermedad que por accidente.
El aumento de enfermedades profesionales existentes en los registros oficiales de 2023 sólo significa que, de todas los existentes, sólo algunas pocas más han sido reconocidas, entre otros factores, por la presión de los sindicatos.
La normativa de salud laboral que lleva en marcha casi 30 años no se cumple, y la patronal tiene total impunidad ante este incumplimiento.
Los gobiernos y sus entramados institucionales son garantes de esa impunidad. En este fraude, las mutuas son la clave, una herramienta esencial que aprovecha la impunidad de la patronal y la medida inacción de los gobiernos para defender los intereses del capital. Así, los costosos planes de salud de OSALAN e Instituto de Salud Pública y Laboral de Nafarroa (ISPLN) no tienen reflejo alguno.
Ante esta dura situación, los sindicatos LAB, ESK, STEILAS, EHNE, Etxalde e HIRU han anunciado nuevos pasos: se llevarán a cabo concentraciones de protesta, como hasta ahora, cuando se produzcan muertes en accidentes laborales, paralizando la actividad de las empresas cuando se den las condiciones, se activarán movilizaciones específicas interpelando a la patronal y a los Gobiernos, cuando se produzcan muchos accidentes. como el próximo 14 de febrero en Bilbo para denunciar esta nueva oleada de muertes y exigir responsabilidades del gobierno y patronal. Asimismo, seguirán reclamando la publificación de las mutuas; medidas reales del Gobierno para que la patronal cumpla la normativa; dotar de capacidad sancionadora a Osalan e ISPLN y que ambas se coordinen con la Fiscalía para dinamizar causas penales; que se multiplique el número de inspectores e inspectoras; que la inspección vigile de oficio a las empresas, sin delegar toda la responsabilidad en las y los delegados. Y seguirán organizando campañas para acabar con la impunidad de la patronal, y para que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo catalogue todas las enfermedades profesionales como tal, especialmente las psicosociales, que tanto afectan a los sectores feminizados.
