Frente al empobrecimiento causado por la subida de precios, los sindicatos y asociaciones que conforman por la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria han salido a las calles de Bilbo, Gasteiz, Donostia y Iruñea para reivindicar energía pública y el reparto de la riqueza.
Para defender el poder adquisitivo de los/as trabajadores/as, será necesario, como mínimo, la subida del IPC real en los salarios y pensiones, así como controlar y limitar los precios de todos los productos energéticos.
Para garantizar el derecho a la energía: Publificación, control público y social del sector energético; cambiar el sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad; eliminar los peajes clandestinos que reciben las compañías eléctricas y poner en marcha una hoja de ruta para planificar democráticamente la transición energética.
Para reforzar los servicios públicos, detener los recortes, garantizar la atención y el cuidado de todas las personas mayores o dependientes necesitados a lo largo de toda la vida, mediante un sistema de calidad, público, universal y gratuito; defender también los servicios de sanidad públicos así como el sistema educativo público, equiparando el presupuesto destinado a educación a la media europea, entre otras medidas.
La carta también reivindica reforzar el sistema público de pensiones, garantizar la renta básica en los términos que ha reclamado la Carta así como el acceso universal a una vivienda de calidad: limitar el precio del alquiler, ampliar el parque público, parar los desahucios y despenalizar la ocupación.
Otra de las reivindicaciones se refiere al reparto de la riqueza para los cual se ve necesario una reforma fiscal progresiva, aumento significativo de los impuestos por beneficios, riqueza y rentas altas de las empresas. En cuanto a la deuda, hay que hacer una auditoría popular de la deuda.
También se reclama más soberanía en sectores estratégicos, sistema de protección y competencias para regular el mercado laboral. En ese sentido, será imprescindible fomentar la soberanía alimentaria, energética, etc.
Estamos sufriendo una subida de precios desorbitada. Nos dijeron que la inflación del año pasado (6,5%) era coyuntural. No era verdad. Ahora, cuando el IPC interanual ha llegado al 9,8%, nos dicen que es a causa de Putin y la guerra en Ucrania. Eso tampoco es verdad. El 70% de la subida de precios ya había ocurrido antes del inicio de la guerra en Ucrania. El origen dela inflación es estructural, causado por la especulación intrínseca del sistema capitalista actual y por el sistema de fijación de precios de la electricidad.
Miles de trabajadores y trabajadoras, pensionista o personas perceptoras de prestaciones sociales, especialmente las mujeres, los y las jóvenes y las personas migradas, tiene actualmente ingresos inferiores al umbral de pobreza. Aún así, los poderes económicos y políticos apuestan por seguir expandiendo la pobreza, acumulando cada vez más riqueza en cada vez menos manos, y por ende empobreciendo aún más a la mayoría de la población, atacando al poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, y la ciudadanía en general. Si esto fuera poco, ahora algunos quieren centrar el debate en la reducción de impuestos. Sin impuestos, ¿como pretenden financiar los servicios públicos? Están desmantelando el sistema público, y su intención es seguir recortándolo más y más.
Debemos movilizarnos para cambiar esta situación. Queremos defender el poder adquisitivo de salarios, pensiones y prestaciones sociales. Para garantizar una vida digna, se debe repartir la riqueza. Para poner las vidas y el planeta en el centro, necesitamos un nuevo paradigma de desarrollo, por lo que reivindicamos una transición ecológica justa.
En una situación en la que cada vez más personas se encuentran en situación de pobreza energética, es el momento de que se tomen medidas estructurales, para controlas las empresas energéticas. Es el momento de aprobar una reforma fiscal progresiva, para que la crisis la pague el capital y no la mayoría social. Es el momento de desarrollar y reforzar los servicios públicos, para garantizar derechos fundamentales como la sanidad, la educación los cuidados o la vivienda. Es el momento de desarrollas las herramientas para poder trabajar, vivir dignamente y decidir en Euskal Herria.
