El juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Gipuzkoa ha dado la razón a tres transportistas que reclamaron a la Diputación la devolución del dinero que pagaron por los peajes de la N1 y la A15 que fueron anulados por los tribunales. Recibirán una indemnización de aproximadamente 13.000 euros. Es la primera sentencia que obliga a la Diputación a devolver las cantidades cobradas indebidamente entre enero de 2018 y octubre de 2021 mediante las normas forales que fueron suspendidas en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco y más tarde por el Tribunal Supremo.
Algunos transportistas de Hiru ya han comenzado a reclamar por vía judicial el dinero que les corresponde, las cantidades que les cobraron por el peaje, después de que la Diputación rechazara recientemente las reclamaciones presentadas dos veces por vía administrativa. 1.122 transportistas reclamaron la devolución por una cantidad total de 12,2 millones de euros de casi 40 que recaudaron desde 2018 a octubre de 2021. Otros se han echado para atrás porque la vía judicial implica costes, exige la contratación de un abogado, procurador, el riesgo de tener que pagar las costas en caso de perder y han pensado que por la cantidad que les correspondía recibir no merecía la pena arriesgar.
La Diputación de Gipuzkoa está jugando con eso. En opinión de Hiru, desde el principio se ha negado a devolver el dinero, no ha hecho más que poner obstáculos y ha actuado de manera muy irresponsable a sabiendas. Debería haber devuelto las cantidades cobradas de manera automática. Tiene todos los datos, pero se ha negado sistemáticamente. La Diputación obvió las sentencias y siguió cobrando incluso después de que los tribunales hicieran pública la suspensión. El afán recaudatorio ha quedado muy en evidencia. Están jugando con dinero público.
Los ciudadanos pagaremos la mala gestión y el despropósito iniciado en 2018. Desde que proyectaron el peaje a los camiones han dilapidado mucho dinero, en la inversión material y personal para implantar el peaje que diseñaron muy mal porque fue declarado discriminatorio y anulado por los tribunales, en gastos de los procesos judiciales abiertos, en indemnizaciones, multas y recargos, entre otros costes, y siguen gastando en los dispositivos que han instalado en todas las entradas y salidas de las vías N1 y A15 para poder cobrar peaje de nuevo a los transportistas, que ellos mismos consideran esenciales, porque transportan los materiales y productos que necesitas sociedad e industria, pero los utilizan para recaudar.
Cabe destacar que la Diputación aprobó sucesivas normas para poder seguir cobrando hasta que fueron definitivamente anuladas, y no dejó de cobrar incluso después de la última sentencia desfavorable con la excusa de que no había sido publicada en el Boletín Oficial.
