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Once transportistas expulsados tras décadas trabajando para Correos Express

La empresa Correos Express ha decidido unilateralmente prescindir de los servicios de reparto de once transportistas autónomos que se negaron a firmar un “nuevo contrato” para el año 2024 en unas condiciones abusivas, con la obligatoriedad de trabajar de lunes a sábado e incluso el domingo si la empresa lo requiere con 48 horas de antelación, y con unas tarifas insuficientes e inviables para hacer frente a los gastos fijos y variables como vehículo, combustible, talleres, peajes, etc. a asumir por el trabajador. Las condiciones del sector de los transportistas autónomos de ligero son muy precarias. Los trabajadores carecen de cualquier derecho a negociar tarifas, descansos, vacaciones o indemnizaciones por despido y sufren la explotación de los cargadores que deciden las condiciones de trabajo de esos transportistas autónomos. 

El pasado 26 de diciembre, un grupo de ocho repartidores autónomos de Correos Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. de Bizkaia (Sociedad Mercantil Estatal), llamados “históricos”, por su larga trayectoria trabajando en exclusividad para la empresa (entre 20 y 35 años), recibieron una carta de la empresa exigiendo la firma de un nuevo contrato para continuar con la prestación de servicios a partir del 1 de enero de 2024.

Este nuevo contrato, cuyo borrador tuvieron que solicitar los trabajadores ya que no fue proporcionado en la comunicación, ha sido redactado unilateralmente por Correos Express y significa un claro compromiso de servidumbre de estos trabajadores con la empresa. 

En las 31 páginas del mismo se incluye la obligatoriedad de prestación de servicios de lunes a sábado, sin excluir domingos y festivos cuando la empresa con 48 horas de antelación lo requiera. Está repleto de cláusulas de penalización del todo abusivas, en el caso de no realizar los servicios en las condiciones que Correos Express determine. Como ejemplo se incluye una penalización diaria de 150 € si el vehículo propiedad del autónomo no está en las condiciones de limpieza que arbitrariamente la empresa decida.

Además, las tarifas dispuestas por la empresa en el mismo contrato son totalmente insuficientes, y hacen inviable la prestación de un servicio en las que el trabajador autónomo titular de la actividad ha de soportar los costes fijos (vehículos e inversión) y variables (combustible, talleres, peajes…) propios de la misma, en un contexto económico inflacionista.

El día 2 de enero de 2024, ante la negativa de firma este “nuevo contrato” seis de estos autónomos vieron como la empresa tomaba la decisión unilateral de prescindir en el futuro de sus servicios de reparto que en las últimas décadas estos trabajadores venían prestando. Posteriormente otros cinco repartidores de Araba han recibido la misma respuesta.

Las organizaciones representativas de los autónomos del sector de transporte por carretera (Hiru, Asotrava y UGT-Uniatramc) denunciamos este proceder unilateral de forma extorsiva y sin complejos de la empresa Correos Express, con el agravante de ser una empresa pública del Grupo de Correos.

Las tres organizaciones (Hiru, Asotrava y UGT-Uniatramc), que llevamos actuando en común en la búsqueda de la mejora de la situación totalmente degradada del sector de autónomos del transporte ligero, hemos denunciado ante las Inspección de Trabajo y de Transportes, todas las irregularidades detectadas dentro del Centro de Trabajo de Correos Express en Bizkaia.

Las irregularidades abarcan desde: la obligatoriedad de la realización de trabajos propios de mozos de almacén, que correspondería al personal de Correos Express, el no reconocimiento de su entidad como TRADE de autónomos que trabajan en exclusividad para la empresa, la contratación de autónomos y empresas que presumiblemente incumplen con la legalidad (vehículos sin autorización de transportes, subcontrataciones fraudulentas de asalariados sin dar de alta…), etc.

El sector de trabajadores autónomos del Transporte Ligero vive en una realidad diaria de paraíso de libre explotación, en la que es el cargador quien decide las tarifas y circunstancias de unos trabajadores que carecen de cualquier derecho al descanso, a vacaciones, a indemnización por despido, o a la negociación pactada de las condiciones de su trabajo.