El sindicato de transportistas autónomos Hiru ha denunciado ante los tribunales a los responsables de Bidegi y la Diputación que ignorando las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, TSJPV y del Tribunal Supremo de Madrid, siguen cobrando el peaje a los camiones en la N-1 y A-15.
Ante esa actitud, irresponsable en opinión de HIRU, el sindicato ha acudido este miércoles a los juzgados de Donostia a interponer una denuncia para que el juez estime si hay delito. Tras la anulación de los tribunales, no hay actualmente ninguna norma foral que regule el cobro de los peajes. Hiru denuncia que no tienen capacidad para mantener la tasa así como las maniobras para desobedecer las decisiones judiciales.
Hiru señala también que el incumplimiento reiterado, negligencia y mala gestión de los responsables del departamento de Infraestructuras Viarias y de Bidegi tiene un elevado coste que recae en la ciudadanía de Gipuzkoa. Las consecuencias de este despropósito que comenzó en 2018 las pagamos todos: las inversiones realizadas en los arcos que han sido inhabilitados, los gastos de los procesos judiciales, las devoluciones de los cobros irregulares, las posibles multas y recargos, etc. saldrán del bolsillo de todos los guipuzcoanos. Están jugando con dinero público. No respetan las sentencias judiciales, aprueban sucesivas normas que sustituyan a las anuladas por los tribunales.
La decisión de imponer peajes al sector del transporte de mercancías por carretera en vías públicas sin alternativa de paso se argumentó, bajo el lema “el que usa paga”, en la necesidad de hacer frente a los costes de mantenimiento de las carreteras. Ahora se ha visto que ha prevalecido el afán recaudatorio en los responsables del departamento y de la Administración, apremiados por la enorme deuda generada por anteriores inversiones en infraestructuras.
Hay que recordar a los gobernantes, en primer lugar, que las infraestructuras viarias son un bien público: los bienes públicos se financian mediante impuestos y tributos que todos pagamos, porque todos somos usuarios de los mismos. Asimismo, no se debe obviar que el transporte de mercancías por carretera es un servicio público, y, al mismo tiempo, cabe destacar también que poner peajes sólo a los transportistas supone cargar el repago de las carreteras a la parte más débil de la cadena. En el transporte por carretera el usuario es la mercancía, que debe llegar al consumidor final. El transportista efectivo está en la carretera cumpliendo ese cometido, no por gusto, sino respondiendo a la demanda de la sociedad.
El peaje al transportista es discriminatorio a todas luces, no porque los pórticos de pago se sitúan en la entrada y salida de la N-I, sino porque excluyen del pago al resto de usuarios de la misma: cargadores, agencias de transporte, distribuidores finales de las mercancías… También están excluidos el resto de usuarios.
